De Chávez a Delcy: el fraude constitucional continuado

El Estado de Derecho, como antídoto contra el despotismo, parte de la idea de que no sólo el pueblo sino también el aparato estatal ha de encontrarse sometido al ordenamiento jurídico; el cual, en nuestros sistemas occidentales, encuentra su fundamento en la Constitución como norma suprema. Es lo que conocemos como principio de supremacía constitucional. Cuando el Poder constituido (Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y, en el caso venezolano, también ‘Ciudadano’ y ‘Electoral’) no respeta el orden constitucional, surgen nefastas consecuencias en diversos ámbitos (social, económico, etc.), pero muy especialmente en el sistema político y jurídico; entre ellas, la pérdida de legitimidad institucional, la deriva hacia el autoritarismo, la inestabilidad política y el quiebre de la paz social. La cadena de fraudes constitucionales que, sistemáticamente, ha llevado a cabo el autodenominado ‘socialismo del siglo XXI’ (el chavismo) a lo largo de estos veintisiete años de dictadura, ha dejado en la comunidad política venezolana todas estas secuelas.