Entre buena administración e hiperpresidencialismo
No deseo cansar al lector con disquisiciones sobre la legitimidad o ilegitimidad de la actual Asamblea Nacional, del llamado interinato o del propio Tribunal Supremo de Justicia, y de otros órganos del Poder Público. En las circunstancias presentes, la tarea prioritaria de divulgación jurídica consiste en dar a conocer el contenido efectivo de los textos que emanan de esos poderes cuestionados, porque solo conociéndolos es posible ejercer y defender los derechos que se ven afectados por ellos. Como he sostenido en otras ocasiones, la tesis del “árbol podrido” es real y se aplica también al derecho: del mismo tronco institucional enfermo siguen brotando normas que condicionan la vida cotidiana de los venezolanos, y sobre las cuales es necesario pronunciarse con rigor, sin dejar de lado la crítica política, pero sin renunciar al análisis jurídico. Dicho esto, paso al tema central de enuncia el título de este artículo.
TL;DR
- La ley sancionada el 26 de marzo tiene como objetivo principal agilizar los trámites administrativos en Venezuela.
- Incorpora principios como celeridad, simplicidad, transparencia y uso de medios electrónicos para mejorar la gestión pública.
- Otorga al presidente facultades para modificar trámites por decreto, lo que ha generado debate sobre la concentración de poder.
- Se cuestiona si estas facultades presidenciales son compatibles con la Constitución y el principio de separación de poderes.
- La ley crea una comisión presidencial para canalizar estas facultades y prevé mecanismos de consulta ciudadana.