En Perú, la batalla ya no es solo voto a voto, sino relato contra relato: mientras el conteo oficial da una mínima ventaja a Keiko Fujimori, Roberto Sánchez se atrinchera en la denuncia de “fraude en desarrollo” y se prepara para desconocer a la posible próxima presidenta.

Sánchez: de candidato a denunciante

Desde el bando de Juntos por el Perú, Sánchez intenta revertir la desventaja apuntando a un único blanco: la votación en el exterior. Ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular esos comicios, alegando que cambios introducidos por Cancillería y la ONPE “afectaron gravemente” el proceso y quebraron la seguridad jurídica.¹ Según su equipo, la eliminación de la transmisión digital inmediata y el envío físico de actas en valijas diplomáticas abrió la puerta a la “manipulación” en favor de Fuerza Popular.²

No es solo un reclamo administrativo: Sánchez ya anunció que no reconocerá a un gobierno de Fujimori si el JNE no invalida esos votos,³ presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja⁴ y convoca a una “jornada nacional de lucha” como resistencia “patriótica, popular y democrática”.²

Fujimorismo y oficialismo: entre la defensa del sistema y la acusación de show

Del otro lado, el fujimorismo retrata a Sánchez como el verdadero riesgo para la democracia. Luis Galarreta lo acusa de haber demostrado que es “antidemocrático” al denunciar fraude “sin aportar pruebas” y adelantarse a desconocer los resultados antes de que termine el conteo.⁵ Para Fuerza Popular, se trata de un candidato “en negación” que ya sabe que perdió y ahora “delira” para justificar su derrota.⁵

Mientras tanto, las crónicas alineadas con el gobierno recogen con énfasis técnico el alegato de Sánchez —la “intangibilidad normativa” vulnerada y una supuesta “voluntad de fraude en desarrollo”⁶— pero lo atan al desenlace institucional: todo queda en manos del JNE, que debe decidir si esas irregularidades existen o si el fraude solo ocurre en el discurso.

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