Historia
junio 30, 2026
Instalan Consulta Nacional para la Reforma Penal en Zulia y Lara
Se instalaron mesas de trabajo en los estados Zulia y Lara para la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal. El proceso, impulsado por el gobierno, busca recopilar propuestas de diversos sectores para generar un diagnóstico y definir una ruta de transformación del sistema judicial penal en el país.
La “justicia popular” llegó en caravana a Zulia y Lara, acompañada de ministros, fiscales y gobernadores. Pero mientras el discurso oficial promete una reforma “profunda y estructural”, persiste la incógnita clave: ¿consulta abierta o monólogo controlado?
Zulia vs. Lara: mismo guion, acentos distintos
En Maracaibo, la consulta se vendió como ejercicio de participación ciudadana con nueve ejes estratégicos —tecnología, infraestructura, talento humano, simplificación de procesos— para “optimizar” el sistema y eliminar el retardo procesal rumbo a una justicia “expedita y humanista”.1 En Lara, el libreto fue similar, pero subrayando que se trata de una iniciativa directa de la presidenta Delcy Rodríguez y de una “reforma estructural y profunda”.2
Ambos estados coincidieron en el diagnóstico colectivo como punto de partida y en la promesa de una “ruta común” hacia la llamada justicia popular.3
El relato oficial: democracia consultiva y justicia humanizada
En Lara, las mesas de trabajo fueron presentadas como “demostración de la democracia” venezolana, con la meta de un sistema judicial “humanizado” largamente esperado.2 La comisión presidencial, encabezada por el fiscal general Larry Devoe, insiste en que solo escuchando al pueblo se puede transformar el sistema penal y diseñar políticas públicas legítimas.1
El despliegue incluye visitas a centros policiales y penitenciarios para oír a presos, jueces y abogados, y así consolidar cambios “estructurales y profundos” en todo el país.4
Sombras bajo el foco
Dentro del mismo discurso oficial asoma, sin embargo, la confesión incómoda: el sistema refleja “desigualdades sociales y de clase”, con cárceles llenas de pobres sin acceso a defensa privada.3 Se habla de regular el uso excesivo de la prisión preventiva, combatir el retardo procesal y hasta incorporar el derecho ancestral de los pueblos indígenas zulianos al marco legal nacional.3
En Zulia y Lara, entonces, el gobierno se muestra como reformista y autocrítico… pero también como juez y parte del modelo que ahora promete cambiar. La verdadera diferencia no estará entre estados, sino entre lo dicho en las mesas y lo que termine escrito —o no— en el nuevo código penal venezolano.