Un operativo policial en un local LGTBI de Barquisimeto terminó en 33 detenciones y una acusación explosiva: las ONG hablan de “criminalización de la homosexualidad”, mientras el Estado guarda silencio y deja que hablen los golpes.

ONG vs. lógica de “orden público”

Desde el lado de las organizaciones de derechos humanos, el relato es nítido: allanamiento ilegal, extorsión y detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de la PNB vestidos de civil en un local de entretenimiento LGBTIQ+ en Lara.¹ Para el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS, lo ocurrido no es un exceso aislado, sino una “política de criminalización” que ya suma al menos seis allanamientos a locales similares y múltiples detenciones por expresión de género u orientación sexual.²

Las ONG denuncian que los agentes llegaron a acusar a los presentes de “ejercer el delito de la homosexualidad”, una figura inexistente en la ley venezolana, pero muy viva en el imaginario represivo.¹ Y subrayan el daño social: el operativo “criminaliza y somete a la humillación pública” a los 33 hombres, exponiendo su orientación sexual ante familiares y amigos.³

Continuidad o coincidencia

Las organizaciones conectan este caso con el de julio de 2023 en Carabobo, donde también 33 hombres fueron detenidos en un local LGTBI y acusados de “ultraje al pudor” y otros delitos antes de ser excarcelados tras protestas.² Para ellas, la repetición de cifras y escenario es prueba de un patrón, no de coincidencias.

Mientras exigen una “investigación inmediata y exhaustiva” y el cese de la “violencia institucional y la criminalización de la diversidad sexual y de género”,² el contraste más contundente es precisamente lo que falta: una versión oficial detallada, pública y verificable que explique por qué, una vez más, un local LGTBI termina tratado como escena del crimen.