La disputa por nueve islas del río Bravo enfrenta dos lecturas opuestas: para México, Texas intenta convertir una cuestión fronteriza en una maniobra electoral; para las autoridades texanas, asumir el control permitiría llenar un vacío de vigilancia frente a actividades ilegales.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno texano pueda adjudicarse los territorios. “No decide el gobierno de Texas”, afirmó, al explicar que la soberanía corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo que debe medir el cauce y determinar si cada isla pertenece a México, Estados Unidos o a ambos países.¹

Sheinbaum vinculó la declaración con el calendario político estadounidense: “Ellos –EEUU– están en elecciones y pretenden, declarativamente, decir que estas islas son parte ya de Texas”.¹ Su argumento central es jurídico: un estado de la Unión Americana no puede modificar por cuenta propia una frontera fijada mediante acuerdos internacionales.

Texas sostiene, en cambio, que la propiedad de las islas ha permanecido incierta durante años y que esa indefinición obstaculizó la vigilancia. La comisionada de la Oficina General de Tierras, Dawn Buckingham, autorizó patrullajes para “eliminar cualquier actividad ilegal”, con el objetivo declarado de impedir que los cárteles utilicen la zona para tráfico de personas y drogas.¹

México respondió que la frontera no puede alterarse por decisión de un gobierno estatal y reivindicó la vigencia del tratado fronterizo de 1970. Según la posición mexicana, el centro del cauce del río Bravo sigue siendo la referencia acordada, mientras que los cambios naturales del río deben ser evaluados exclusivamente por la CILA.²