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Juni 30, 2026
Protestan frente al Ministerio de la Mujer por la situación de las presas políticas
Familiares de presas políticas y activistas protestaron frente al Ministerio para la Mujer en Caracas para denunciar violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual y condiciones indignas. La ministra Yelitze Santaella recibió a una comisión, pero afirmó desconocer los casos, lo que generó indignación entre los manifestantes.
Familiares, activistas y expedientes de tortura de un lado; del otro, un Ministerio de la Mujer que dice no saber de qué le hablan. La protesta frente a la sede en Caracas expuso el choque frontal entre testimonios de violencia sexual y la narrativa oficial de avances penitenciarios.
Lo que denuncian las familias y ONG
Los relatos son brutales: las organizaciones exigen que el Ministerio “frene torturas y violencia sexual contra presas políticas”1 y advierten que las mujeres encarceladas siguen siendo “las invisibles del sistema penitenciario venezolano”2. Los documentos entregados señalan violencia sexual, “desnudez forzada”, pobreza menstrual y condiciones de reclusión “incompatibles con la dignidad humana”3.
El Observatorio Venezolano de Prisiones respalda ese cuadro de precariedad y falta de atención a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad2. Clippve, por su parte, exige “escuchar a las víctimas con responsabilidad y solidaridad”1 y reclama el cierre de “centros de tortura”, según la consigna de una marcha previa de familiares
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La respuesta institucional: avances proclamados, casos ignorados
Durante la reunión, la ministra Yelitze Santaella aseguró a la comisión que “no sabían de los casos que les estaban hablando”3 y, lejos de entrar en las denuncias de abuso sexual, se centró en hablar de “la gestión que han realizado en las prisiones” y de un supuesto centro de atención ginecológica1. Para las activistas, el contraste fue insultante: mientras ellas hablaban de requisas con desnudez forzada y tratos degradantes, las autoridades se concentraban en mostrar “supuestos avances”2.
Evelyn Pinto habló de un “cinismo muy fuerte” al describir cómo Santaella cuestionó incluso la condición de presas políticas de las detenidas3. El resultado: más indignación que respuestas concretas.
La oposición: presión política y nombres propios
La protesta se enlaza con una ofensiva más amplia de la oposición sobre la situación carcelaria. Leopoldo López amplificó la exigencia de familiares que marcharon con el grito “Cierren los centros de tortura” hasta el Ministerio de Servicios Penitenciarios4. Edmundo González, candidato opositor, usó el caso de presas como Samantha Hernández para denunciar muertes y desapariciones bajo custodia estatal y pedir su liberación inmediata
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María Corina Machado ha convertido a los familiares de presos políticos en símbolo de campaña, destacando “la valentía” de quienes luchan por la libertad de sus seres queridos
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Coincidencias y choques
Entre familias, ONG y oposición hay consenso: hay torturas, violencia sexual, pobreza menstrual y un Estado que no investiga. El Ministerio, en cambio, se aferra a una narrativa de mejoras parciales y desconocimiento de casos concretos. La tensión central es evidente: para las víctimas, el problema es la violencia; para el Gobierno, el problema parece ser llamar “políticas” a las presas.