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Juni 30, 2026
Investigan a cinco policías por allanamiento a local LGTBI en Barquisimeto
El Ministerio Público inició una investigación penal contra cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por un presunto allanamiento ilegal y detenciones arbitrarias en un local de entretenimiento LGTBI en Barquisimeto. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que al menos 33 hombres fueron detenidos durante el operativo.
Las sirenas de la PNB en Barquisimeto no solo irrumpieron en un sauna LGTBI: también encendieron una batalla de relatos entre ONG, Fiscalía y medios alineados con el chavismo sobre qué pasó realmente esa noche.
ONG: criminalización y homofobia de Estado
Para las organizaciones LGBTIQ+, lo de Lara no fue un “operativo”, sino otro capítulo de persecución. Denuncian un allanamiento ilegal, extorsión y detenciones arbitrarias contra al menos 33 hombres en un local de entretenimiento LGTBI,1 a quienes funcionarios vestidos de civil habrían acusado de “ejercer el delito de la homosexualidad”.2 Hablan de humillación pública, exposición de la orientación sexual ante familiares y amigos y de una “continuidad de la política de criminalización” contra la diversidad en Venezuela.3
Medios críticos subrayan el patrón: recuerdan allanamientos previos a locales LGTBI y casos similares en otros estados, y recogen el clamor de las ONG por una “investigación inmediata y exhaustiva” y el fin de la violencia institucional.4
Versión oficial: exceso aislado, instituciones funcionando
El Ministerio Público, por su parte, intenta marcar distancia. Anuncia una investigación penal por “presunto allanamiento ilegal” y “actos contrarios a la ética pública” en el establecimiento de Barquisimeto,5 y comisiona la Fiscalía 21 de Lara junto a la Fiscalía 98 Nacional, especializada en derechos humanos y diversidad de género.6
Medios alineados con el gobierno remarcan que la PNB puso a disposición cinco funcionarios para ser presentados ante un tribunal de control por posibles delitos del Código Penal y la Ley contra la Corrupción,7 mientras la Fiscalía promete seguir velando por los derechos humanos “sin discriminación alguna”.8
El punto ciego: derechos vs. “denuncias vecinales”
Informaciones opositoras añaden un matiz incómodo: el operativo habría respondido a denuncias de residentes sobre supuesta prostitución y drogas en el local,9 versión que la administración niega tajantemente, asegurando que solo alquila el espacio.10
En el papel, la Fiscalía investiga y la PNB se somete a control interno. Pero para las ONG, mientras se siga allanando y deteniendo en clave moralista, lo que está en juicio no son solo cinco policías, sino el modelo de seguridad que convierte la diversidad en sospecha.