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Juni 30, 2026
Venezuela asistirá a audiencia en la CIJ por el Esequibo pero no reconocerá la decisión
El gobierno de Venezuela anunció que asistirá a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial del Esequibo con Guyana. Sin embargo, reiteró que no reconocerá la jurisdicción ni las decisiones del tribunal, insistiendo en que la única solución válida es el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Venezuela asistirá el 4 de mayo a las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la disputa territorial del Esequibo con Guyana, según coinciden las fuentes opositoras y los comunicados oficiales citados por ellas. En esa comparecencia, la delegación venezolana afirma que su objetivo será exponer “ante el mundo la verdad” sobre sus alegados derechos históricos sobre el territorio en litigio, dejando claro que no acudirá con la intención de modificar el curso del caso que ya adelanta la CIJ.
De manera convergente, ambas narrativas señalan que el gobierno venezolano sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único marco jurídico válido para resolver la controversia, en contraposición al Laudo Arbitral de París de 1899, cuyo origen y legitimidad son cuestionados. También subrayan que Caracas rechaza la “demanda unilateral” presentada por Guyana ante la CIJ y que el Estado venezolano insiste en que nunca renunciará al territorio que considera propio, manteniendo el Esequibo como un asunto de soberanía histórica y de política de Estado.
Áreas de desacuerdo
Legitimidad de la estrategia. Los medios opositores describen la decisión de asistir sin reconocer la jurisdicción de la CIJ como una postura contradictoria que puede restar credibilidad internacional a la defensa de los derechos de Venezuela. En contraste, los medios alineados con el gobierno suelen presentar esta fórmula como una jugada táctica que permite denunciar el proceso y, al mismo tiempo, no ceder en el cuestionamiento de la competencia del tribunal. Mientras la oposición enfatiza el riesgo de quedar aislados jurídicamente, el oficialismo destaca que se participa sin “subordinarse” a un fallo considerado injusto.
Uso político interno. La prensa opositora enmarca la disputa del Esequibo como un tema que el chavismo explota para cohesionar a su base y desviar la atención de la crisis económica, institucional y social interna. Por su parte, los medios gubernamentales tienden a presentar el conflicto como un factor de unidad nacional en torno a la defensa de la soberanía, minimizando o invisibilizando los cuestionamientos sobre el uso propagandístico del tema. Así, para la oposición el Esequibo es parte de una campaña de movilización política, mientras que para el oficialismo es una causa patriótica que trasciende coyunturas.
Relación con la comunidad internacional. Fuentes opositoras suelen advertir que negar de antemano el acatamiento de una eventual decisión de la CIJ deteriora aún más la imagen de Venezuela frente a organismos multilaterales y socios potenciales, dificultando apoyos futuros en otras disputas. En cambio, la narrativa gubernamental subraya que varios países han cuestionado decisiones de tribunales internacionales y que la prioridad debe ser la defensa del interés nacional por encima de presiones externas. La oposición interpreta el comportamiento oficial como un aislamiento autoinfligido, mientras el gobierno lo presenta como resistencia legítima ante estructuras consideradas sesgadas.
Responsabilidad histórica. Los medios opositores tienden a recordar que distintos gobiernos, incluyendo etapas previas al chavismo, manejaron el tema del Esequibo con mayor institucionalidad y alertan que la actual estrategia podría comprometer una larga tradición diplomática venezolana. Los alineados con el gobierno, en cambio, resaltan que los errores históricos se remontan al laudo de 1899 y a gobiernos anteriores a la revolución, presentando al chavismo como el primero en defender con firmeza y sin concesiones el territorio. Así, la oposición enfatiza la continuidad de una política de Estado que se estaría desvirtuando, mientras el oficialismo se atribuye el papel de corrector de viejas omisiones.
In summary, Opposition coverage tends to resaltar las contradicciones, los riesgos diplomáticos y el uso político interno de la postura de Caracas ante la CIJ, while Government-aligned coverage tends to enfatizar la soberanía, la legitimidad histórica de las reclamaciones y presentar la asistencia sin reconocimiento de jurisdicción como una estrategia firme y patriótica.