Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta encargada, sostuvo en Miraflores varios encuentros con víctimas de violencia política y de delitos de odio ocurridos en distintos momentos (incluyendo los años 60 y 70, así como las protestas de 2014 y 2017). En esos actos anunció y promovió el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, vinculado a la reciente aprobación de una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y a la Comisión para la Revolución Judicial, con el objetivo declarado de atender a campesinos, trabajadores, inquilinos y otras víctimas, y de transformar el sistema de justicia para que sea más inclusivo. Tanto medios oficialistas como opositores coinciden en que Rodríguez subrayó la necesidad de sanar heridas, combatir el odio político, fortalecer la unión nacional y garantizar justicia a quienes han sufrido violencia, y que advirtió sobre sectores que estarían interpretando de forma incorrecta la Ley de Amnistía y el nuevo programa, con potencial de buscar la desestabilización del proceso de paz.

Los dos bloques de medios también coinciden en que el gobierno enmarca estas iniciativas en una narrativa de superación de la intolerancia política, la exclusión social y la criminalización de la pobreza como factores de polarización. Ambos lados reconocen que se plantea una etapa de convivencia democrática sustentada en el diálogo, el respeto, el entendimiento social y la no repetición de hechos violentos, articulada con reformas institucionales como la mencionada revolución judicial y la aplicación de una legislación específica contra el odio y la intolerancia. Asimismo, se acepta de forma general que hay un llamado oficial a la participación de todos los sectores políticos y sociales en el programa, y que se invoca la diplomacia y la vía pacífica para dirimir tensiones internas y externas relacionadas con la crisis venezolana.

Áreas de desacuerdo

Responsabilidad y relato de la violencia. Los medios alineados con el gobierno presentan a Delcy Rodríguez y a las víctimas que la acompañan como afectados principalmente por la extrema derecha, las guarimbas y la intervención extranjera, destacando casos emblemáticos como Orlando Figuera y funcionarios de seguridad asesinados. Los medios opositores, en cambio, señalan que el gobierno invisibiliza víctimas de la represión estatal y mantiene un relato selectivo que responsabiliza casi exclusivamente a sus adversarios. Mientras la prensa oficialista insiste en que el “germen del odio” proviene de gobiernos previos al chavismo y de élites económicas actuales, la prensa opositora sugiere que el propio oficialismo ha alimentado una retórica de odio y persecución política.

Naturaleza de la Ley de Amnistía y del Programa de Convivencia. Para los medios gubernamentales, la Ley de Amnistía y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz son avances históricos hacia la sanación nacional, la inclusión de campesinos, trabajadores y sectores vulnerables, y la corrección de deficiencias en el sistema de justicia. Los medios opositores, basándose en críticas de voceros contrarios al gobierno, describen estos instrumentos como mecanismos de control político con impacto limitado, que pueden servir para legitimar nuevas detenciones o condicionar perdones a la aceptación del relato oficial. Mientras la narrativa oficialista resalta la invitación amplia a sumarse al programa de paz, la narrativa opositora subraya la falta de garantías efectivas y la selectividad en la aplicación de la amnistía.

Lectura de la desestabilización y la “ultraderecha”. Los medios afines al gobierno reproducen y amplifican la advertencia de Rodríguez sobre sectores de ultraderecha, supuestamente instalados en hoteles de lujo en Estados Unidos o Europa, que buscan “descarrilar” el proceso de convivencia y sabotear la paz en Venezuela. En la prensa opositora, en cambio, este señalamiento se interpreta como una nueva excusa para justificar vigilancia, criminalización del disenso y detenciones futuras, bajo la acusación de conspiración o de odio. Mientras el discurso oficialista sostiene que el pueblo juzgará a quienes traicionen la ruta pacífica y diplomática del gobierno, el enfoque opositor alerta sobre el uso de la categoría de “desestabilizador” para silenciar críticas legítimas y mantener un clima de temor político.

Justicia, perdón y reconciliación. Los medios gubernamentales enfatizan la idea de perdón personal, compromiso de no repetición y justicia para las víctimas como pilares éticos del programa, presentando a Rodríguez incluso como víctima directa dispuesta a dialogar “con los verdugos” por el bien del país. Los medios opositores ponen en duda que pueda hablarse de verdadera reconciliación mientras persistan presos políticos, procesos judiciales cuestionados y un sistema de justicia percibido como subordinado al poder ejecutivo. Para el bloque oficialista, la transformación judicial en marcha y la activación del programa son prueba de voluntad genuina de cambio; para el bloque opositor, son más bien ejercicios retóricos que no alteran las estructuras de impunidad ni el uso político de los tribunales.

In summary, Opposition coverage tends to presentar el encuentro y el programa de convivencia como una operación de imagen con escasos efectos reales sobre la justicia y con potencial para justificar nuevas persecuciones, while Government-aligned coverage tends to resaltar el liderazgo de Delcy Rodríguez, la centralidad de las víctimas afines al chavismo y la narrativa de una gran cruzada nacional contra el odio impulsada desde el Estado.