Rehenes sin uniforme: "criminalización por afecto"
En las sombras de la reciente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero de 2026, emerge un capítulo siniestro de la represión chavista: la judicialización sistemática de familiares de militares disidentes. Mientras el Parlamento anuncia excarcelaciones selectivas y el gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de reconciliación, cerca de 215 personas —esposas, padres, hermanos y tíos— permanecen como rehenes en cárceles, excluidos de la amnistía por su vínculo sanguíneo con los casi 200 uniformados presos. Los familiares representan casi 43% de la población carcelaria actualmente, que alcanza la cifra total de 503 personas, según la organización Foro Penal.