Terrorismo judicial y reforma penal

El terrorismo judicial no es un fenómeno reciente; existe en Venezuela desde hace tiempo. En 1978, el entonces Fiscal General de la República, Dr. José Ramón Medina, denunció públicamente la conducta censurable de un juez penal que admite denuncias dentro de su competencia que corresponden a otros tribunales. Esto era terrorismo judicial encaminado a intimidar, coaccionar o aterrorizar a personas que no han cometido un delito pero son demandadas en tribunales penales por delitos civiles o comerciales, con el propósito de buscar arreglos o transacciones que perjudiquen económicamente al inocente demandado. Hoy en día, este terrorismo judicial se ha extendido a otras formas como, por ejemplo, malinterpretar una ley penal para extorsionar y encarcelar a una persona por un acto que no constituye el delito estipulado en dicha ley. La ley sanciona no cualquier manifestación de odio, sino el odio dirigido contra una persona o personas por pertenecer a un determinado grupo social, étnico, religioso o político, por su orientación sexual, o por cualquier otra razón discriminatoria. Sin embargo, hay jueces y fiscales que pretenden aplicarla en casos de calumnia o difamación para aterrorizar con penas de 20 años de prisión. Existe, entonces, la necesidad de un cambio y de la consulta que propone el Presidente Encargado en materia de reforma penal. Pero esta propuesta de reforma no debe verse como que se debe a la falta de leyes penales, o al deseo de crear nuevos delitos o aumentar las penas existentes. Ese no es el problema. Es algo completamente distinto. Hay que discutir políticas y planes para transformar el sistema de justicia, entre cuyas prioridades se incluye la creación de una auténtica Escuela de Formación Judicial donde la ética judicial sea primordial. En fin, hay que cambiar este deficiente sistema de justicia, sin olvidar de depurar a aquellos jueces y fiscales que negocian con los terroristas en cuanto al acto de juzgar y al acto de enjuiciar. Nadie en el foro desconoce el terrorismo judicial, ni los demás vicios que azotan la justicia, y mucho menos la incompetencia de algunos jueces y fiscales que ponen en entredicho la interpretación de las leyes, lo cual se traduce en un conflicto de interpretaciones que pone en escena las subjetividades de unos y las estrategias de otros ante la aplicación de la ley, sin que exista, como diría Foucault, un punto absoluto desde el cual juzgar y decidir.