Análisis político: Ley Orgánica de Optimización y Aceleración Trámites Administrativos
I.-Contexto IntroductorioRealizar trámites administrativos en Venezuela ha sido a través de la historia un proceso de torturaburocrática que hace justicia al concepto de " sadismo burocrático" del cual escribió Franz Kafkaen su novela " El Proceso".Esta realidad histórica, que tiene siglos de funcionamiento, es lo que ha hecho posible la creaciónde una cultura de la corrupción administrativa, que bajo la figura de unos facilitadores del proceso,conocidos en Venezuela como " gestores", hacen posible que se adquieran de manera fraudulentatítulos de Educación Secundaria y Universitario, documentos de identidad, títulos de propiedad,solvencias de pago y cuanto documentos se emitan por el Estado.No es exagerado pensar que la falta de una cultura política de transparencia informativa, sumadoal manejo clientelar y las posibilidades de hacer negocios ilegales por la información, son losreales problemas que afectan a los trámites administrativos que deberían ser atendidos por unproyecto de Ley de Este tipo y que como se verá al final del artículo, no fue tratado en formasustantiva.II.-La Ley en cuestiónEl contenido en concreto, consta de 12 artículos, 3 disposiciones transitorias, 1 disposiciónderogatoria y 1 disposición final, lo cual hace de esta Ley un documento corto y de lectura rápida,que se describe a continuación:Artículos:
TL;DR
- La ley busca crear mecanismos ágiles e integrales para la Administración Pública, pero el problema de fondo es cultural, no tecnológico.
- Se critican la falta de objetivos medibles y concretos, y la poca aplicación de los principios de transparencia y rendición de cuentas en la práctica.
- La ley establece atribuciones para el Presidente de la República, quien es el principal responsable de su éxito o fracaso.
- La Comisión Nacional, instancia asesora, excluye al Ministerio Público, la Contraloría General y al Poder Popular, además de universidades y centros científicos.
- Se otorgan plazos de 180 días para implementar cambios y liquidar el Instituto Nacional de Gestión Eficiente de Trámites y Permisos.
- Se señala la necesidad de que el Reglamento de la Ley fije con claridad los lineamientos específicos para su cumplimiento y evite la burocracia excesiva.